De nuevo este virus pone de manifiesto las vergüenzas del capitalismo. Al principio de la pandemia, el desabastecimiento de respiradores y mascarillas mostró la incapacidad del estado para fabricar por sus propios medios dichos recursos, para requisar las empresas que sí tenían capacidad de producirlos y para hacer frente así a las primeras necesidades de la pandemia, incluso cuando se trataba de empresas con beneficios millonarios. Dichos sectores privados no realizaron ningún esfuerzo, sino que vieron cómo su producción y venta se intensificaba, y con ello sus ingresos y beneficios, máxime cuando, debido al desabastecimiento, subieron los precios.

Los países pujaban en el mercado internacional por su compra, en un espectáculo bochornoso. Mientras tanto los y las trabajadoras de sectores esenciales y de sectores precarizados estaban en la primera línea de fuego sin las protecciones necesarias contra el virus; así se contagió, por ejemplo, una parte muy importante de los y las sanitarias durante la primera ola. Es decir, un negocio para unas cuantas empresas y la enfermedad e incluso muerte para l@s trabajador@s.

En este nuevo capítulo, el negocio está en las vacunas. La estrategia de compra centralizada de la UE ha resultado hasta ahora en la firma de 6 contratos para la adquisición de las vacunas desarrolladas por Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Universidad de Oxford, Johnson & Johnson, Curevac y Sanofi/GSK, y existen negociaciones abiertas con Novavax y Valneva. Contratos opacos entre la Comisión Europea y las empresas correspondientes, ni siquiera los europarlamentarios tienen acceso a todas las cláusulas. La Comisión Europea ha hecho públicos algunos de ellos o, mejor dicho, unos pocos párrafos, los que no han sido borrados por confidencialidad. Se oculta así la información clave del mismo como costes, precios o plazos de entrega que aparecen tachados a petición de la empresa.

La responsable de economía belga publicó accidentalmente en su cuenta de Twitter los precios de las vacunas acordados entre la Comisión Europea y las 6 farmacéuticas. Informaba de la compra de 33,5 millones de vacunas por un valor de 279 millones de euros, aunque otras fuentes sitúan esta cifra en un total de 870 millones de euros, entre pagos directos e indirectos. En virtud de estos acuerdos, la Comisión Europea paga por adelantado una parte del precio de la vacuna a cambio de que los laboratorios incrementen su capacidad de producción. El resto del precio por dosis corre a cargo de los estados miembros. Mientras tanto las empresas incumplen los plazos de entrega de dosis, información que no puede verificarse en los contratos tachados. Según fuentes europarlamentarias, el acuerdo con AstraZeneca incluye el compromiso de entregar más de 100 millones de dosis durante los tres primeros meses de este año, aunque la empresa ya ha anunciado que no superará la cifra de 40 millones, en el mejor de los casos, por un “fallo de producción”.

¿En qué se está invirtiendo ese dinero público que iba destinado a “incrementar la capacidad de producción” de las farmacéuticas para que entreguen las dosis a tiempo? ¿Por qué no pueden ser públicos los precios y demás condiciones, y por qué la ley permite que el dinero público, aportado en su mayor parte por la clase trabajadora, se pueda gastar sin que l@s contribuyentes conozcan las condiciones? Para responder, es necesario echar un vistazo a los beneficios crecientes de las farmacéuticas y biotecs implicadas en la fabricación de la vacuna.

Pfizer ha anunciado que sólo en lo que va del año 2021, las ventas de su vacuna, desarrollada junto a la sociedad alemana BioNTech, se sitúan en 15 mil millones de dólares. Si se suman las otras vacunas contra el coronavirus, “el mercado podría tener resultados de 30 a 40 mil millones de dólares este año”, afirma Loïc Chabanier, de la consultora Ernest & Young. La venta a la UE de 160 millones de vacunas de Moderna a 18 dólares la dosis (como reveló accidentalmente la responsable de economía belga), representa para la firma estadounidense un ingreso hipotético de 3.000 millones de dólares. Moderna, CureVac y BioNTech han multiplicado por 10 sus ingresos en 2020 debido a los primeros contratos de suministro de vacunas y, según la asesoría financiera Bloomberg, crecerán desde los 179 millones de euros de ingresos obtenidos en 2019 a los 12.182 en 2021 y a los 10.531 en 2022. Y la lista sigue con beneficios extraordinarios para todas las empresas implicadas en la fabricación de las vacunas.
“Pero hay que tener en cuenta que las empresas han hecho un esfuerzo económico inicial para investigar la vacuna y ahora hay que pagarlo”. Según Bloomberg las “pérdidas” (beneficios en negativo) de las 4 empresas de vacunas más importantes (Novavax, BioNTech, Moderna y CureVac) en 2020, debidas a la inversión para el desarrollo de la vacuna, sumaron 1.205 millones de euros. Sus beneficios previstos para 2021 son de 6.035 millones de euros y de 5.951 para 2022. Es evidente que superan con creces la inversión realizada: 11.986 millones de euros de beneficios frente a 1.205 de inversión.

Algo similar ocurre al analizar los beneficios de los grandes laboratorios (Johnson & Johnson, Pfizer, GSK, Sanofi, AstraZeneca): 50.278 en 2020 y se esperan 56.272 en 2021 y 60.385 en 2022. ¡Pobres empresas a las que hay que financiar el coste de la inversión en investigación, el coste de la producción y los “gastos adicionales” porque están en la ruina y no pueden anticipar capital para producir la cantidad de dosis a la que se han comprometido! ¡Pobres empresas que tienen que poner unos precios elevados para financiar la investigación que han desarrollado “por un bien social”! (Precios por unidad pactados con Europa según la responsable de economía belga: Moderna, 14,7 euros; Oxford y AstraZeneca a 1,78 euros; Johnson & Johnson a 6,95 euros; Sanofi y GSK, 7,56 euros; Pfizer y BioNTech, 12 euros; la vacuna de Moderna asciende a los 18 euros; y la de CureVac ha costado 10 euros por dosis.)

Hablando claro, lo se está produciendo es un desvío de fondos públicos sin precedentes hacia la industria farmacéutica, primando los beneficios de la patronal sobre la salud y las vidas de las personas, y, para conseguirlo sin problemas, ocultando este robo y maltrato a la población mediante contratos opacos pactados con las instituciones. Así es como opera el capitalismo, sin necesidad de hablar de los países a en que la vacuna ni está ni se le espera (en un tiempo) para seguir enriqueciendo a unos pocos.

La única solución es la expropiación de estos ladrones y la construcción de una industria farmacéutica pública sobre la base de lo expropiado, que se encuentre bajo el control de la clase trabajadora y que oriente su producción e investigación a las necesidades sociales y no al beneficio de la patronal. La investigación para el desarrollo de las vacunas y de cualquier medicamento debe ser pública, única forma de garantizar que todos los datos se comparten y se logra la mejor solución, en este caso, la mejor vacuna. Si la investigación se desarrolla por empresas privadas es claro que, en su feroz competencia, los datos no se comparten y las soluciones son peores: a la vista está que hay distintas vacunas con distintas eficacias, etc. El capitalismo demuestra una vez más su inferioridad para hallar las mejores soluciones a los problemas.